Declaración conjunta por el crimen de Estado de Pylos

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Ha transcurrido un año y medio desde que se cometió el crimen de Estado cerca de Pylos, que provocó la muerte de más de 600 personas que emigraban a Europa. A pesar de las pruebas irrefutables y los testimonios de los supervivientes del naufragio, los responsables de este crimen aún no han comparecido ante las autoridades judiciales. De hecho, los autores siguen ejerciendo sus funciones con impunidad, no sólo suponiendo una amenaza constante para las personas en movimiento, sino también ejemplificando la inmunidad de la que gozan.

El crimen de Estado de Pylos no fue un incidente aislado, ni tampoco el último. El naufragio fue el resultado del incremento de la violencia sistémica contra las personas que cruzan hacia Grecia y la UE. Su creciente deshumanización ha conducido a una situación espeluznante. Las políticas de la UE de seguridad y militarización de sus fronteras y territorios enfrentan a las personas en movimiento a una violencia aún mayor y a constantes violaciones de sus derechos. Las operaciones de represión, el encarcelamiento arbitrario y prolongado en centros de detención de países fronterizos europeos y la cooperación con regímenes autoritarios de países vecinos han provocado un número sin precedentes de muertos y desaparecidos.

Hace año y medio, el 14 de junio de 2023, mientras el pesquero Adriana, con 750 personas a bordo, se encontraba aparentemente en peligro, las autoridades griegas retrasaron deliberadamente cualquier operación de rescate: al principio las autoridades ignoraron las llamadas de socorro, limitándose a vigilar el pesquero; posteriormente, las autoridades intentaron remolcar el Adriana fuera de la zona de búsqueda y rescate griega, provocando su vuelco. En este intento cínico y, en última instancia, mortal, las autoridades intentaron eliminar a cualquier posible testigo presencial, no sólo rechazando la ayuda ofrecida por la agencia de la UE Frontex, sino también rechazando a los buques comerciales que se encontraban junto al barco. Tras el naufragio del Adriana, los supervivientes denunciaron retrasos injustificados en su rescate, resultando únicamente salvadas 104 personas. En lugar de apoyarles, las autoridades griegas llegaron a acusar a los supervivientes de «entrada ilegal» en el país. En un esfuerzo por desviar la protesta pública y la condena internacional, las autoridades negaron su responsabilidad en la muerte de más de 600 personas e inculparon a 9 de los supervivientes, culpándolos de «contrabandistas» y de provocar el naufragio. Los 9 supervivientes del naufragio que fueron acusados fueron finalmente absueltos por los tribunales griegos en mayo de 2024, pero se les denegó su derecho a una indemnización por el tiempo de casi un año de injusta prisión preventiva.

Tras la negativa de la Guardia Costera griega a iniciar una investigación disciplinaria interna sobre los actos de su línea de mando y oficiales, el Defensor del Pueblo griego lo hizo de oficio alegando actos y omisiones administrativas. A raíz de las denuncias penales de los supervivientes, las autoridades de investigación preliminar del Tribunal Naval del Pireo han investigado durante más de un año las causas del crimen de Estado en relación con las responsabilidades penales. La investigación preliminar no finalizó hasta finales de noviembre, y ahora queda bajo criterio del Jefe de la Fiscalía del Tribunal Marítimo presentar o no cargos contra los responsables.

Las investigaciones exhaustivas y en profundidad llevadas a cabo por medios de comunicación de investigación independientes e internacionales no sólo han puesto de manifiesto la actuación delictiva de las autoridades griegas competentes en la gestión del incidente de Adriana, sino también su esfuerzo coordinado para encubrir los hechos y proteger a los responsables.

Además, el trato dado a la mayoría de los supervivientes del naufragio viola la responsabilidad del Estado griego en virtud del derecho internacional, incluida la responsabilidad de proporcionar a los supervivientes del naufragio apoyo psicosocial. A la mayoría de los supervivientes no sólo se les denegó la protección internacional, sino que ahora también se les amenaza con la deportación. Al mismo tiempo, muchas de las familias de las víctimas siguen esperando los cuerpos de sus seres queridos, que aún no han sido repatriados.

Exigir justicia por el crimen de Estado de Pylos es lo menos que debemos a la memoria de las víctimas del naufragio y de sus seres queridos, así como a quienes sobrevivieron al naufragio y han sufrido traumas indecibles. Pero también es un punto crucial en la lucha por la protección de las poblaciones migrantes y sus derechos. En un momento en que los gobiernos europeos promueven la discriminación, el racismo y la explotación, unimos nuestras voces para exigir un mundo de justicia y solidaridad.

El crimen de estado de Pylos no será olvidado ni perdonado.

Las organizaciones firmantes exigimos

  • La investigación exhaustiva de las causas del «naufragio de Pylos» y el procesamiento de los verdaderos responsables.
  • La prestación del apoyo psicosocial necesario y la concesión de protección internacional a todos los supervivientes.
  • El fin inmediato de la criminalización de la migración y del uso de la «facilitación» como pretexto para el encarcelamiento sistemático de las personas en movimiento. 
  • El fin inmediato de la violencia fronteriza, cada vez más letal.

Organizaciones firmantes

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